Tribunal fija criterios para la imposición de sanciones por la SIC
- Lina Díaz
- 4 oct 2025
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 17 dic 2025
La Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, establece que el incumplimiento de órdenes impartidas en sentencias, conciliaciones o acuerdos celebrados en procesos judiciales por vulneración de derechos del consumidor puede dar lugar a la imposición de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Dichas sanciones pueden consistir en:
Multas sucesivas equivalentes a una séptima parte del salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo.
Cierre temporal del establecimiento de comercio, mientras persista el incumplimiento, con apoyo de la fuerza pública si fuere necesario.
Límites judiciales a la imposición de sanciones
En sentencia del 2 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá precisó que la imposición de estas sanciones debe respetar el derecho fundamental al debido proceso y cumplir ciertos criterios.
Criterios establecidos por el Tribunal
1. Respeto del procedimiento legal
La SIC debe seguir estrictamente el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
2. El incumplimiento no es suficiente por sí solo
No basta con acreditar el incumplimiento de la sentencia o del acuerdo. Es necesario demostrar que este obedeció a desacato, mala fe o renuencia a cumplir la orden impartida.
3. Reconocimiento de la autonomía privada
El Tribunal resaltó que debe respetarse la autonomía de la voluntad de las partes. Si el consumidor acepta o considera cumplido el acuerdo, incluso reconociendo retrasos, la SIC no puede imponer sanciones por cumplimiento tardío.
El caso concreto
Con base en estos criterios, el Tribunal revocó una sanción superior a 200 millones de pesos impuesta por la SIC a una constructora por el presunto incumplimiento de un acuerdo conciliatorio relacionado con la entrega de zonas comunes de un edificio.
Conclusiones para las empresas
Este caso demuestra la importancia de:
Contar con una estrategia jurídica adecuada
Documentar los esfuerzos de cumplimiento
Conocer las garantías procesales aplicables
Buscar asesoría legal especializada
Una estrategia correcta puede marcar la diferencia entre enfrentar una sanción millonaria o lograr la defensa efectiva de los intereses empresariales.
AUTOR: LINA DÍAZ
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