Generalidades del proceso disciplinario en los colegios

NOTICIA - MEDELLÍN -> 2018-08-16

La Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia en el sentido de considerar que los procesos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas deben garantizar el debido proceso y, por tanto, el ejercicio del derecho de defensa.




Así mismo, el alto tribunal recordó que la exigencia y oponibilidad del Manual de Convivencia requiere de su conocimiento y aceptación expresa por parte de los padres de familia y los estudiantes. En efecto, si bien las instituciones educativas pueden autorregularse en materia disciplinaria, tal facultad debe ejercerse en el marco de limites básicos como la determinación previa de las faltas y sanciones, y el procedimiento a seguir en caso de imposición de una sanción.

 

Del texto de la sentencia a la cual hacemos referencia, es importante que destacar que los manuales de convivencia y por ende los procesos disciplinarios deben agotar, por lo menos, las siguientes etapas:

 
  1. Una comunicación de la apertura del proceso al estudiante.
  2. Formulación de los cargos imputados, describiendo las conductas, faltas disciplinarias y calificación provisional de las conductas.
  3. Compartir con el estudiante todas las pruebas que fundamentan la imputación.
  4. Indicar un término dentro del cual el estudiante podrá formular descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesario.
  5. Pronunciamiento definitivo de la autoridad competente mediante acto motivado.
  6. Imposición de una sanción proporcional a los hechos.
  7. Posibilidad de que pueda controvertir mediante recursos.
 

Así mismo, se tienen que evaluar otros elementos como la edad del estudiante, su grado de madurez psicológica, el contexto de los hechos, las condiciones personales y familiares del estudiante, la existencia o no de medidas preventivas por parte del Colegio, los efectos prácticos que la sanción conlleva al estudiante para su futuro educativo, y la obligación del Estado de garantizar la permanencia del menor en el sistema educativo. Los hechos que motivaron la sentencia analizada se dieron por la decisión del Consejo de Disciplina de una Institución educativa que decidió expulsar definitivamente a uno de sus estudiantes, en razón a una investigación adelantada por “uso malicioso de la redes sociales para obtener o difundir fotos de algunas compañeras del colegio con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo”.

 

En conclusión, la potestad disciplinaria de los establecimientos educativos necesariamente debe ejercerse sin infringir los derechos fundamentales de los estudiantes, siempre que se tenga en cuenta la observancia del derecho fundamental al debido proceso, la comprobación de los cargos atribuidos, la estipulación previa dentro del manual o reglamento de la sanción impuesta, la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción en relación con los hechos, y el interés superior del menor así como su derecho fundamental a la educación.

 

Por lo anterior, se hace necesario revisar detenidamente los manuales de convivencia de los establecimientos educativos para verificar si en ellos está contenido un proceso disciplinario que observe los derechos fundamentales de los estudiantes y, que pueda ser aplicado en el marco del principio constitucional del debido proceso.

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