Proyectos de ley anticorrupción

PUBLICACION - BOGOTÁ -> 2018-09-05

Sabías que: en la actualidad existen dos proyectos de ley radicados ante el Senado del Congreso de la República de Colombia en los cuales se busca regular la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción y soborno trasnacional.




En la actualidad, Colombia se ubica en el puesto 96 de 180 países en el índice global que realiza Transparencia Internacional, con el cual se mide la percepción de la corrupción alrededor del mundo. Esta circunstancia, aunada a que cada vez más empresas privadas nacionales y extranjeras son relacionadas con casos de corrupción ha llevado a que el Gobierno, los órganos de control y el Congreso de la República fijen su atención en las personas jurídicas y su responsabilidad, la cual en materia de soborno trasnacional ha sido administrativa.

PROYECTO 117 DE 2018

El proyecto 117 del 2018 es ambicioso, ya que busca regular de manera explícita y formal la responsabilidad penal de la persona jurídica, con la inclusión de todo un capítulo en la parte general del Código Penal, del cual queremos resaltar lo siguiente:

  • Las personas jurídicas de derecho privado responderían penalmente por delitos contra la administración pública, medio ambiente, orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de actividades terroristas y de la delincuencia organizada y de todos aquellos que afecten el patrimonio público.
  • Se establece como causal de atenuación de la responsabilidad penal que la persona jurídica haya adoptado un programa de ética empresarial antes de la comisión de la conducta punible y como causal de agravación no haber adoptado el programa de ética empresarial estando obligado a ello.
  • Las personas jurídicas serán responsables de los delitos que fueren cometidos en su interés o provecho, por parte de: su representante legal, revisor fiscal, contador, auditor, socios, accionistas de sociedades anónimas de familia, administradores, directivos o quienes realicen actividades de administración y supervisión.
  • En casos de transformación, fusión o absorción la responsabilidad penal se trasmitirá por completo a la persona jurídica resultante quien deberá responder por el total de la cuantía; en casos de escisión serán responsables solidariamente; y en casos de solución de común acuerdo la sanción se transferirá a los socios y a los partícipes de forma solidaria.
  • El representante legal será quien represente a la persona jurídica en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento.
  • Las sanciones podrían ser multa, remoción de administradores, directores y representantes legales, prohibición de ejercer determinada actividad económica o celebrar cierto actos o contratos; prohibición de celebrar actos o contratos con el Estado; pérdida total o parcial de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recibirlos por un período determinado; disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica y algunas sanciones accesorias.

PROYECTO 119 DEL 2008

Por su parte el proyecto de ley 119 del 2008, se enfoca en buscar una sanción social para la corrupción proponiendo que las personas naturales, jurídicas y los servidores públicos condenadas por actos de corrupción.

  • Inhabilitación para el ejercicio de labores de docencia o cualquier actividad académica en colegios o instituciones de educación superior.
  • Trabajo social en actividades con visibilidad pública, portando prendas de vestir distintivas de la resocialización.
  • Los sancionados serán expuestos con su rostro y el detalle de la condena “los muros de la corrupción”.

A su vez, propone que se concedan beneficios económicos para que las personas naturales y jurídicas denuncien ante la autoridad competente delitos contra la administración pública y colaboren con las autoridades con información y pruebas.

Igualmente, se propone eliminar la detención domiciliaria y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, así como beneficios y subrogados.

Finalmente, se propondrá como prohibición disciplinaria a los servidores públicos aceptar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.

 

Como se observa los dos proyectos de ley guardan enfoques diferentes, los cuales podrían ser complementarios en el propósito común de la lucha contra la corrupción, por lo que se imponen para todas las empresas de Colombia, obligadas o no, la adopción de un programa de ética empresarial que ayude a la Compañía a mitigar sus riesgos y que permitan consolidad en el sector privado una cultura de la integridad y de la transparencia que redunden en el bienestar general.

Por tal razón, ante los nuevos cambios es importante asesoría especializada en el tema.


Por Natalia EscobarAbogada Asociada