A continuación, se encuentran preguntas frecuentes, asociadas a los servicios que ofrece Cavelier abogados en las diferentes áreas de práctica, en caso de tener una duda adicional por favor contactarnos.

Un acuerdo de accionistas es el convenio suscrito entre los asociados de una sociedad que tienen como finalidad regular las relaciones internas entre los socios y estos con la sociedad.
Estos acuerdos constituyen relaciones jurídicas que condicionan el ejercicio de los derechos políticos y económicos que cada socio tiene sobre la compañía.

La Sociedad por Acciones Simplificada, es un tipo societario que nació con la ley 1258 de 2008, diseñado para realizar operaciones dinámicas desde el momento mismo de la constitución, se caracteriza por ser simple en su creación y manejo, es la única sociedad que puede ser unipersonal en Colombia.
Recomendamos que los futuros socios se asesoren al celebrar el contrato social, dado que desde se creación se establecen las reglas y tener claridad desde el inicio es parte del éxito del relacionamiento con los socios.

Cada tipo societario en Colombia se adapta a diferentes necesidades, sin embargo, la SAS tiene especial fuerza y acogida por las siguientes razones: a) Es la única sociedad qué se constituye por documento privado en Colombia; b) Es la única sociedad que no tiene mínimo de personas para su constitución, puede ser unipersonal; c) Se puede constituir aportando el capital de forma posterior en un máximo de 2 años; d)Es potestativo tener Junta Directiva; e) Su obligación de revisoría fiscal se da por el cumplimiento de unos topes mínimos en ingresos y patrimonio.
Lo anterior, hace que se adapte muy bien al inicio de un emprendimiento, sin que obste para que sea una gran empresa la que elija este tipo societario por su dinamismo.

Esta sociedad es una forma de organización donde los integrantes, que son mínimo 5 socios, realizan un aporte o participación con el fin de repartirse las utilidades obtenidas con el desarrollo de la actividad social de la empresa, dicha participación se expresa a través de unos títulos denominados acciones por lo cual sus integrantes reciben el nombre de accionistas.
La dirección y administración de este tipo societario está en manos de tres órganos: a) Asamblea General; B) Junta Directiva; c) Representante Legal

Este es el órgano de dirección de la sociedad y representa la máxima autoridad dentro de la misma. Se encuentra constituida por los accionistas a quienes les corresponde fijar las directrices económicas y jurídicas que rigen a la sociedad.

Este órgano normalmente se reúne a través de dos tipos de asambleas: La Asamblea Ordinaria: como mínimo 1 vez al año y la Asamblea Extraordinaria: cuando así lo exijan las necesidades o urgencias de la compañía.

Asamblea que debe realizarse como mínimo una vez al año, dentro de los tres primeros meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, es decir, dentro de los primeros tres meses del año. En esta asamblea se puede tratar cualquier tema, por lo que no es necesario incluir el orden del día en la convocatoria, que deberá ser previa, respetando el tiempo mínimo de acuerdo a los estatutos.

Reunión en la cual se tratan temas específicos de la sociedad que requieren especial atención, ya que no dan espera a una asamblea ordinaria. La podrá convocar quienes los estatutos determinen, sin embargo, en forma general, lo podrán hacer, la Junta Directiva, el representante legal, el revisor fiscal o por los accionistas que representen la cuarta (1/4) parte del capital suscrito, en la convocatoria se especificaran los asuntos sobre los cuales se deliberará y decidirá por lo tanto no podrá ocuparse de asuntos no incluidos en la convocatoria.
Si en el momento de la reunión, la mitad mas uno de las acciones representadas en la sesión vota de forma favorable, se podrán incluir temas distintos a los mencionados en la convocatoria.

La convocatoria deberá contener como mínimo:
a) Nombre de la sociedad.
b) Nombre y clase de órgano que convoca.
c) Fecha de la reunión.
d) Hora de la reunión.
e) Ciudad.
f) Dirección completa, donde se identifique plenamente el lugar donde se llevará a cabo la reunión
g) Orden del día
h) Si se trata de aprobar los balances se sugiere indicar que los accionistas que tienen a su disposición todos los documentos para su inspección.
Así mismo, esta convocatoria debe hacerse en los términos que establecen la Ley y los Estatutos sociales.

Cuando los socios no han sido convocados a la Asamblea Ordinaria podrán estos reunirse el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 a.m., en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad. En esta se sesionará y decidirá con un número plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones representadas.

Cuando se convoca a la asamblea ordinaria, pero esta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión la cual no podrá efectuarse antes de los 10 días ni después de los 30 días, contados desde la fecha de la primera reunión.

Esta reunión se lleva a cabo en cualquier día, en cualquier lugar y sin convocatoria previa, siempre que se encuentren representadas la totalidad de los asociados. Sus decisiones deberán constar en Actas y con todos los formalismos propios de una Asamblea.

Según la Ley 222 de 1995, son expresamente administradores el representante legal, el liquidador, el factor y los miembros de las juntas directivas.

Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, los socios o a terceros. Sin embargo, no estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión, o hayan votado en contra, siempre que no la ejecuten. Es importante precisar que su responsabilidad nace desde la ejecución de una decisión que cause perjuicio a los anteriormente mencionados.
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador, esto trae como consecuencia que le corresponderá al administrador probar su actuar diligente y responsable.
También se presume la culpa del administrador cuando haya propuesto o ejecutado la distribución de utilidades cuando no se hallen estas en balances reales o fidedignos. En este caso el administrador responderá por las sumas dejadas de distribuir o repartir en exceso y por los perjuicios a que hubiere lugar.
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad recaerá sobre esta y sobre su respectivo representante legal.
Así mismo, se tendrán por no escritas las cláusulas de los estatutos que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antes mencionadas, o limitarlas al importe de cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.

Mediante esta acción se pretende la declaración por parte del juez de la responsabilidad patrimonial de los administradores para obtener la reparación de los perjuicios que por dolo o culpa estos ocasionen a la sociedad.
La decisión de entablar esta acción corresponde a la Asamblea General, sin perjuicio de las acciones individuales que decidan adelantar los socios o terceros. Asimismo, esta decisión implica la remoción de los administradores involucrados. Si transcurridos tres meses de adoptada la decisión no se ha iniciado directamente por la sociedad la acción contra el respectivo/s administrador/es, pueden el revisor fiscal, los socios, los administradores y aun los acreedores de la sociedad iniciar dicha acción.

Al respecto se han desarrollado diferentes conceptos, entre estos se la definición del Departamento Nacional de Planeación de Colombia la cual corresponde a “…esquemas de ejecución de cualquier tipo de proyecto de inversión en donde el sector público y el sector privado trabajan conjuntamente y alinean sus objetivos…”.
Así mismo, se entienden como un instrumento de vinculación de capital privado que se materializa a través de un contrato entre el Estado y un particular para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados donde se involucra la retención y transferencia de riesgos.

Las características más importantes de este tipo de asociaciones son:
Una de las principales características es, en primer lugar, que el proyecto debe superar una inversión de seis mil (6.000) SMMLV. En segundo lugar, se caracteriza porque debe haber retorno de la inversión, ya que el inversionista privado realizara su actividad bajo la construcción y diseño de una infraestructura, teniendo como contraprestación el derecho a la explotación económica. Asimismo, dicha explotación económica debe estar delimitada temporalmente, pudiendo extenderse con el concepto favorable del Consejo de Política Económica y Social transcurridos tres años desde la vigencia del contrato hasta un máximo de 30 años.
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de los aportes, estos podrán ser en especie y no podrán superar el 20% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. Por último, todos los recursos que se manejen en este tipo de proyectos deben ser administrados a través de un patrimonio autónomo, el cual se debe reportar a la unidad de Información y Análisis Financiero.

El Decreto 2080 del 2000 el cual contempla el régimen general de inversiones internacionales considera como tales a:
“…a) Las inversiones de capital del exterior en territorio colombiano incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no residentes en Colombia, y
b) Las inversiones realizadas por un residente del país en el extranjero o en zona franca colombiana…”

En primer lugar, se trata de inversiones realizadas por personas no residentes, es decir, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro que no tengan domicilio en Colombia, y aquellas que se establezcan en el país como sociedades extranjeras. Además, dicha inversión puede estar destinada a cualquier sector de la economía con excepción de las actividades de defensa y seguridad nacional y las relacionadas con el procesamiento, disposición y desecho de basuras toxicas, peligrosas o radioactivas no producidas en el país.
Por último, es importante tener presente que cada inversionista de capital del exterior deberá contar con un apoderado en Colombia, quien será solidariamente responsable con su poderdante por el cumplimiento de las obligaciones de registro de la inversión ante el Banco de la República.

Inversión directa: se refiere a la participación, acciones, cuotas sociales o aportes a capital que no impliquen la inversión en valores inscritos en el registro nacional de valores y emisores; la adquisición de inmuebles de manera directa; las inversiones suplementarias al capital asignado a las sucursales; y las inversiones en fondos de capital privado.
Inversión de portafolio: son todas aquellas realizadas sobre valores inscritos en el registro nacional de valores y emisores, las participaciones en carteras colectivas, así como los valores listados en los sistemas de negociación del extranjero.

· Reinvertir las utilidades
· Capitalizar las sumas con derecho a giro
· Remitir al exterior las utilidades netas comprobadas
· Remitir al exterior las sumas recibidas por concepto de la enajenación de la inversión realizada.

Se define como el compromiso y actuar voluntario de una organización frente a los efectos de su actividad empresarial, independientemente de los requisitos de terceros, y que tienen la capacidad de impactar la validad de vida de la sociedad, de sus colaboradores y sus familias, de las comunidades vecinas, de sus clientes y de sus proveedores.

Es un medio de identificación de las personas naturales o jurídicas que realizan actividades comerciales y constituye prueba de su existencia.

Debe renovarse cada año antes del 31 de marzo de la respectiva anualidad.

La disolución de la sociedad o la cancelación de la matricula mercantil para las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias.

La Propiedad Intelectual se relaciona con las creaciones del intelecto y todo lo relacionado con su uso y reproducción. La Propiedad intelectual por así decirlo es el género, el cual se divide principalmente en dos tipos:
• Propiedad Industrial, la cual se ha definido como el conjunto de derechos que posee una persona natural o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo.
Esta a su vez se divide en diferentes categorías como los son las marcas y otros signos distintivos, patentes y los diseños industriales.
• Derechos de autor, que son el conjunto de derechos que se otorgan como protección a los creadores de obras, las cuales pueden consistir entre otras en una obra literaria, una obra musical, obra científica, programas de ordenador (software), pintura o de cualquier obra siempre y cuando sea perceptible por alguno de los sentidos.
Los derechos de autor en general conceden dos tipos de derechos a los creadores o titulares de la obra, los cuales son morales o patrimoniales

La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa.
Está compuesta por cualquier signo perceptible por los sentidos por medio del cual se pueda distinguir un producto o servicio en el mercado por ejemplo palabras, imágenes, figuras, gráficos, símbolos, sonidos, olores, letras, números, etc.

La protección de la marca garantiza a su titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para identificar sus mismos productos o servicios, o a autorizar su utilización por terceros a cambio del pago de una suma.

Las marcas sirven para diferenciar los productos o servicios prestados por un empresario de aquellos prestados por sus competidores. Cuando el empresario ha logrado posicionar una marca en el mercado, logra que los consumidores escojan sobre otros productos o servicios aquellos prestados por el y no por la competencia, es decir, la marca puede ser un elemento de disuasión de la voluntad del comprador.

Cualquier signo perceptible por los sentidos es susceptible de ser registrado como marca, una palabra, un gráfico, un sonido, un movimiento, un color o un olor tienen la capacidad de establecer en la mente de los consumidores una asociación con un producto o servicio determinado.

Estos clasifican de acuerdo al Sistema de Clasificación Internacional de Niza.
En Colombia es posible el registro de marcas multiclase, es decir, que un solo signo puede ser solicitado en registro para identificar varios productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

Por regla general, el simple uso de un signo distintivo no confiere derecho alguno sobre él, pues para ello es necesario registrarlo como marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC. Para ello se debe inicialmente verificar que no se encuentren registrados signos distintivos similares al que se pretende registrar.
Luego de esto se debe presentar la solicitud de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
A continuación. Luego de la presentación de la solicitud, mediante un examen de forma, la SIC verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Agotado este trámite la SIC ordena la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial para permitir a terceros interesados presentar oposiciones.
Si se presenta alguna oposición, el solicitante tendrá la oportunidad de responder, y con posterioridad a ello, la Superintendencia de Industria y Comercio realiza un examen de fondo para expedir una decisión de registro o no contra la cual solo procede el recurso de apelación.

La protección de una marca no finaliza con su registro puesto que si bien, una vez concedido el registro de una marca, el titular adquiere un derecho exclusivo y excluyente para usarla en el mercado, se hace necesario que el titular de la misma realice una constante observación en el mercado de los signos distintivos que usan sus competidores. De esta manera se podrá impedir, por ejemplo, el uso indebido de su marca por parte de estos competidores, o el registro de otros signos distintivos que puedan generar confusión con su marca.
Adicionalmente es importante tener en cuenta que, la marca debe usarse para identificar los productos y servicios para los cuales fue concedida. Su desuso tiene como consecuencia que cualquier tercero pueda presentar contra ella una demanda de cancelación por no uso, la cual, a su vez permitiría que ese tercero obtenga el registro sobre la marca cancelada

En nuestro país se encuentra vigente el Protocolo de Madrid, el cual permite que, por intermedio de la oficina receptora de un país que haga parte del Protocolo, se designe o manifieste en su solicitud de registro los países donde se tiene interés de obtener el registro marcario. De esta forma, a través de una sola solicitud de registro y pagando las tasas previamente establecidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es posible obtener la protección de una marca en varias jurisdicciones.

Las marcas fungen como puente que pone en contacto las empresas con los consumidores. Una operación comercial que implique la comercialización de productos o servicios requiere necesariamente, la existencia de marcas capaces de generar en los consumidores una recordación de tales bienes, así como una asociación entre estos frente a un origen empresarial único e inequívoco.
De igual manera, las marcas son instrumentos de competitividad, y ello justifica su protección tanto para la obtención de los registros como para el mantenimiento de los derechos.
Por lo anterior, es aconsejable que las marcas sean percibidas en el interior de las organizaciones como verdaderos bienes, ya que se trata de activos que deben ser sujetos de valoración en los estados financieros.

Es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad (producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva solución técnica a un problema). Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado.

Para que alguna invención pueda ser protegida bajo patente, esta debe: (i) ser novedosa, es decir, que no exista a nivel mundial, (ii) debe poseer un nivel inventivo, lo que equivale a decir, que no sea un desarrollo obvio para alguien experto en la materia que trata el invento y (iii) que lo inventado pueda ser utilizado o fabricado en cualquier industria, es decir, que debe tener una aplicación industrial.

La persona o empresa que goza de la titularidad de la patente posee el derecho a decidir quién puede –o no– utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida.

Sirve para ser el único que durante 20 años puede explotar el invento. La explotación puede consistir en comercializar exclusiva y directamente el producto patentado, o por intermedio de terceros otorgando licencias, o transfiriendo los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero explote la invención. En conclusión, el beneficio es económico para el inventor o titular de la patente.

Son aquellos derechos que corresponden al creador de la obra. Con estos se busca reconocer la titularidad de la obra del creador, en tal sentido este deberá ser mencionado por su nombre, seudónimo o si lo desea, ser mantenido en el anonimato en cualquier utilización que se haga sobre la obra.
Estos derechos son irrenunciables y por ende, no pueden ser cedidos en ningún momento.

Estos derechos son los beneficios económicos que puedan percibirse de la utilización o explotación de la obra, cada derecho patrimonial es independiente del otro, esto quiere decir, que al autorizar una forma de utilización no significa que dicha autorización se extienda a otras formas de explotación o uso.
Estos derechos a diferencia de los morales, pueden transferirse gratuita u onerosamente a otras personas bien sean naturales o jurídicas, pueden transmitirse por causa de muerte, o pueden estar en cabeza de persona distinta al autor como por ejemplo las obras creadas bajo la modalidad de un contrato de trabajo o de prestación de servicios

Son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión.
Mediante estos derechos se protegen los intereses de los intérpretes o ejecutantes. Esto significa, por ejemplo que el artista tiene el derecho exclusivo a autorizar la puesta en disposición de sus interpretaciones o ejecuciones.

Los titulares o creadores de obras sujetas a derechos de autor y los titulares de derechos conexos, están legitimados para exigir el respeto de sus derechos a través de acciones civiles, por medio de las cuales podrá presentar a través de un abogado una demanda ante la jurisdicción civil.
Así mismo, tiene la posibilidad de acudir a los jueces penales pretendiendo por medio de estas que los usurpadores o violadores de sus derechos de autor sean sancionados penalmente.

Actualmente existen tres clases de visas en Colombia:
1. Visa de visitante (Tipo V): ideal para el extranjero que no tenga ánimo de permanencia, sino que su deseo de estar en el país sea de forma temporal
A través de esta, el titular podrá realizar actividades como turismo, gestiones de negocio, intercambios académicos, tratamientos médicos, voluntariados, entre muchas otras.
2. Visa de migrante (Tipo M): prevista para aquella persona que tenga ánimo de permanencia en el territorio colombiano y no cumple con los requisitos para aplicar a la visa Tipo R.
3. Visa de residente (Tipo R): está creada para aquellos que deseen establecerse o domiciliarse de forma permanente en el país.

Esta visa está prevista únicamente para los dependientes económicos que pertenecen a la familia del titular principal de la visa, como lo son el cónyuge o compañero permanente, padres e hijos menores de 25 años o mayores que tengan alguna discapacidad que les impida valerse por si mismos.

Es la estampación de una nueva etiqueta con los mismos caracteres y datos de la visa efectivamente otorgada y vigente, en otro pasaporte.
Se solicita por pérdida de la visa, cuando la e-visa tenga errores mecanográficos, cuando el titular no haya solicitado el estampado de la visa dentro de los 60 días siguientes a la expedición de la e-visa, cuando se requiera alguna actualización o aclaración, o cuando se solicite un permiso para ejercer otra actividad u ocupación.

El permiso temporal de permanencia es aquella extensión de estancia en el país luego de haber agotado el tiempo del permiso de ingreso y permanencia – PIP otorgado con la entrada al territorio colombiano.

El salvoconducto consiste en un documento temporal que permite al extranjero estar de forma regular en el país sin tener visa, PIP o PTP. Lo otorga Migración Colombia siempre y cuando el extranjero esté bajo las situaciones y en cumplimiento de los requisitos que estipula la norma para ello.

Es un documento de identificación que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses y a sus beneficiarios la cual tiene una vigencia igual a la visa otorgada previamente.

Esta entidad podrá imponer o extender sanciones entre otros en los siguientes casos:
• Cuando no reporta el cambio de residencia, domicilio, empleador o contratante dentro de
• los 15 días siguientes a la ocurrencia del hecho.
• Cuando no solicita la autorización al Ministerio de Relaciones Exteriores para el cambio de
• empleador o contratante dentro de los 15 días siguientes al hecho.
• Cuando no se presenta a registrar su visa dentro de los 15 días siguientes a la expedición
• de la visa o al ingreso al país según corresponda.
• Cuando se niegue reiteradamente a presentarse ante la autoridad migratoria.
• Cuando incurre en permanencia irregular.
• Cuando no tramita el salvoconducto correspondiente.
• Cuando no solicita la Cédula de Extranjería dentro de los 15 días siguientes a los que le fue
• otorgada la visa.

• Cuando se celebren contratos comerciales con extranjeros sin el cumplimiento de los requisitos legales.
• Cuando no informa a Migración Colombia, del ingreso o terminación de la labor o actividad dentro de los 15 días siguientes al hecho.
• Cuando no facilita la revisión de documentos relacionados con contratación, vinculación y admisión de personal extranjero
• Cuando la empresa contrate, vincule, emplee o permita desarrollar una labor o trabajo a un extranjero sin el cumplimiento de los requisitos migratorios
• Cuando se abstiene de sufragar los gastos de regreso al país de origen del extranjero vinculado o contratado, así como el de su familia o beneficiario, cuando haya terminado el vínculo o contrato, entre otros casos.

El Gobierno colombiano con el fin de promover una política migratoria ordenada, regular y segura, creó un instrumento que permita al Estado preservar el orden interno y social, evitar la explotación laboral y velar por el respeto a la dignidad humana.

Este permiso no reemplazar el pasaporte y no podrá ser válido como documento de viaje para salir y entrar del país, y dicho permiso deberá ser presentado ante las autoridades colombianas acompañado del pasaporte o del documento nacional de identificación, y esto servirá como identificación de los venezolanos en el territorio colombiano.

Se otorga por un periodo de noventa días prorrogables por períodos iguales sin que exceda el término de dos años, con el objetivo que el venezolano en ese tiempo haya regularizado con visa su situación migratoria.
Con este permiso podrá ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquella desarrolladas baja vinculación o contrato laboral, y quienes contraten a dichas personas deberá reportar al SIRE de Migración Colombia dicha información.

Mediante el contrato laboral una persona natural se obliga con otra persona, sea natural o jurídica, a prestar un servicio. Los elementos esenciales de este tipo contractual son la prestación del servicio de manera personal, la subordinación o dependencia, lo cual significa que debe cumplirse un horario y la remuneración.

Por otro lado, el contrato de prestación de servicios no tiene la obligación de cumplir una jornada laboral y no debe estar subordinado al contratante, simplemente este contrato se suscribe con el fin de realizar una obra o prestar un servicio, pero no se vincula directamente con la organización.

La estabilidad ocupacional reforzada se define como “…una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares…” (Sentencia SU 049 de 2017). Para que dicha estabilidad opere no es necesario que la persona haya sido calificada con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, si no que basta con que el trabajador sufra una afectación a su salud que le imposibilite u obstaculice sustancialmente el ejercicio de sus labores normalmente, en este sentido todas las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta tiene derecho constitucional a ser protegidas especialmente, dicha protección consiste en la prohibición de despido sin justa causa y sin permiso del Ministerio de Trabajo.

Sí, y debe realizarse ante el Ministerio de Trabajo, cuyo término de vigencia no podrá exceder de un (1) año. El solicitante no podrá ser un Consorcio o una Unión Temporal.

Las empresas que tengan entre 15 y 20 empleados deberán contar con 1 aprendiz y aquellas que tengan un número superior a 20 deben contar con 1 aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de 10 o superior que no exceda los 20.

El aprendiz puede ser vinculado a la empresa ya sea desde que este se encuentre en la etapa lectiva o de formación, es decir, desde el inicio de sus estudios en la institución académica; o se puede vincular cuando se encuentre en la fase práctica de su formación.
De igual manera las empresas están obligadas a tener actualizado el registro de aprendices, informando entre otros, cada vez que ingresa y se retira un aprendiz, a través del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices SGVA.

Por aprendiz se entiende en Colombia aquel estudiante vinculado al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, es decir cualquier persona que adelante sus estudios a nivel técnico, tecnológica u otro nivel de estudios no profesional. De otro lado por “practicante universitario” se entiende aquel estudiante de una carrera profesional en una universidad debidamente acreditada.

Todos los aprendices tienen derecho a un apoyo económico mensual para su sostenimiento el cual no es considerado como salario. Esta ayuda económica corresponde a como mínimo un salario mínimo mensual legal vigente en la fase práctica, y en la fase teórica como mínimo al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente.
Adicionalmente durante la fase práctica el empleador deberá afiliar al aprendiz al Sistema de Riesgos Laborales y durante todo el periodo de vinculación del aprendiz, el empleador deberá afiliarlo al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Existen tres clases de descuentos que puede hacer el empleador sobre el salario de sus trabajadores:
• Aquellos ordenados por un Juez de la República, por medio de una orden de embargo.
• Descuentos autorizados por el empleado, siempre que no se afecte el salario mínimo o cuando la deuda exceda tres veces el monto del salario. Por ejemplo: arrendamientos, deudas, indemnizaciones, etc.
• Los descuentos autorizados por la ley (aporte a salud y pensión).

Por regla general opera la generalidad de inembargabilidad del salario mínimo. No obstante, es posible embargar el salario mínimo hasta un 50% por obligaciones de alimentos o cooperativas.

1. Obligaciones por alimentos y cooperativas: Las primeras se generan por el incumplimiento de la obligación alimentaria respecto a los hijos, el cónyuge o compañero permanente y los padres; y las segundas, cuando se incumplen las obligaciones adquiridas con cooperativas. Por esta clase de deudas el Juez puede ordenar el embargo de hasta el 50% del salario mínimo
2. Incumplimiento en los pagos de obligaciones. En este tipo de obligaciones, el Juez solo podrá embargar la quinta parte del excedente del salario mínimo.

comprobando que el documento contenga el sello de la rama judicial, también lo puede hacer verificando las partes en el proceso, es decir, que el empleado al cual le están embargando el salario sea el demandado en el proceso, y llamando al respectivo juzgado con el fin de preguntar si la orden efectivamente proviene de ese despacho expresando el número de radicado del proceso y el nombre del empleado.

Es pertinente dar respuesta a dicho oficio mediante un memorial dirigido al juzgado informando que se procederá con la orden suministrada, y guardar cada mes el recibo de consignación de la suma en la cuenta de la rama judicial, esta parte no está establecida en ninguna norma, sin embargo, la recomendamos con el fin de evitar futuras dificultades respecto el incumplimiento de órdenes judiciales.

En este caso es importante identificar la clase de deudas por las cuales se está embargando el salario del empleado; Si se trata de obligaciones de igual clase, se ejecutará el embargo que se notificó primero a la empresa, y sobre el sueldo restante, se aplicará el segundo y así sucesivamente. En cambio, cuando se trata de obligaciones de distinta clase, siempre se dará prioridad a los embargos causados por el incumplimiento de obligaciones alimentarias sobre cualquier otro tipo de obligación, sin importar si esta orden de embargo fuese la última en notificarse a la compañía, esto en virtud del principio del interés superior del menor.

En este evento no se podrá proceder con el embargo debido a que las sumas que éste recibe por concepto de incapacidad se entienden como un auxilio por incapacidad a cargo de la EPS o ARL, por lo tanto, este valor nunca es considerado salario, así la empresa pague anticipadamente la incapacidad. En ese orden de ideas, el embargo se deberá ejecutar sobre el monto que haya sido devengado por concepto de salario.

Según el Código Civil el empleador será responsable solidariamente si se niega u omite su obligación de ejecutar el embargo ordenado por el despacho respecto a deudas alimentarias. Ahora bien, respecto a las deudas de carácter general, el Código General del Proceso en su artículo 593 establece que la inobservancia de la orden impartida por el Juez, hará incurrir al destinatario del oficio (empresa) en multas sucesivas de dos a cinco salarios mínimos mensuales. Además, éste incurrirá en un delito consagrado en el Código Penal como Fraude a resolución judicial o administrativa castigado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y con multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por regla general, no podrá realizarse prueba de embarazo a ninguna empleada o futura empleada, ni esta última tendrá que informarlo al empleador en su entrevista de trabajo. Con todo, el Ministerios de Trabajo estableció que la prueba de embarazo ordenada por el empleador será procedente de forma excepcional y bajo el entendido de que se trata de una medida pre-ocupacional en vista de que las actividades que se pretende desarrollen la empleada implican o pueden implicar un riesgo para la vida de la madre y el normal desarrollo del embarazo.

La finalidad de la licencia de maternidad no solo supone proteger a la mujer en estado de embarazo, antes y después del parto, sino que está relacionada directamente con la protección integral al menor. Asimismo, el reconocimiento de la licencia de maternidad no puede supeditarse únicamente a la existencia de una madre pues, como ha dicho la Corte Constitucional, cualquier condicionamiento de género sería considerado discriminatorio y más aún cuando dicho beneficio se conecta directamente con los derechos del menor.

Ahora bien, en el caso de las familias homoparentales, dicha licencia de maternidad sólo podrá ser otorgada a uno de los padres. Así las cosas, si la persona es cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud y ha efectuado los aportes durante los meses correspondientes a la gestación tendría derecho al reconocimiento de dicho beneficio.

Las entidades públicas y privadas deberán adecuar en sus instalaciones un espacio acondicionado y digno con el fin de que las mujeres en periodo de lactancia que laboren en la entidad puedan extraer la leche materna y asegurar su adecuada conservación. Los sujetos obligados a esto son las empresas privadas con capitales iguales o superiores a mil quinientos (1500) salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalentes a mil ciento setenta y un millones ochocientos sesenta y tres mil pesos ($1.171.863.000), o aquellas cuyo capital sea inferior a este pero que tenga más de 50 empleadas.

Por otro lado, el plazo puntual para la adopción e implementación de las Salas Amigas de Familia Lactante en el cual las entidades privadas con más de mil (1000) empleados y los entes públicos dispondrán de dos años para realizar dichas adecuaciones físicas necesarias para la utilización de las Salas, y las empresas privadas con menos de mil (1000) empleados contarán con cinco años para realizar dichas adecuaciones.

Si bien el Código Sustantivo del Trabajo proscribe dicha conducta, esta norma ha sido debatida por la Corte Constitucional pues si bien estas prohibiciones pueden estar previstas en el código o en el Reglamento Interno de Trabajo, el poder disciplinario del cual goza el empleador no puede ser ejercido de forma arbitraria sino con estricto cumplimiento de los límites constitucionales.
En ese orden de ideas, la Corte advirtió que en ciertos casos el consumo de sustancias psicoactivas o alcohólicas puede no afectar la seguridad de los trabajadores ni el desempeño de la actividad laboral, y en estos casos la prohibición de su consumo excedería los límites constitucionales del poder disciplinario del empleador, debido a que el fin de protección de la norma recae en actividades que involucran riesgos para el trabajador, sus compañeros o para terceros.

Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario.

Así las cosas, el trabajador no podrá solicitar a su empleador que en cumplimiento de esta normatividad se le otorguen dos días de vacaciones, ni acordar con él, descanso bajo esta formalidad. Esto debido a que la autorización para el otorgamiento de tiempo personal, debe entenderse entonces como una excepción a la regla general y utilizarse únicamente cuando, por las necesidades del servicio o la complejidad del modelo de negocios del empleador, no haya sido posible desarrollar la jornada familiar.

1. La existencia de una autorización expresa e irrevocable por parte del empleado dirigida al empleador que es la entidad pagadora donde se exprese la orden de efectuar la libranza o descuento del salario.
2. Que la libranza o descuento directo se efectúe siempre que el empleado no reciba menos del 50% de su salario neto, después de las deducciones de ley.
En este sentido, es responsabilidad del empleador no afectar más del 50% del salario del empleado, independiente si su remuneración es el salario mínimo o no.

En virtud de la Ley 1527 de 2012 por medio de la cual se establece un marco general para el crédito de libranza, las obligaciones del empleador o entidad pagadora son:
• Deducir, retener y girar de las sumas de dinero que haya de pagar a sus empleados o contratistas, los valores que estos adeuden a la entidad prestadora.
• No afectar más del 50% del salario del empleado
• Depositar dentro de los 3 días hábiles siguientes al pago del salario en el banco las sumas retenidas por el empleador para el abono de la deuda al crédito de libranza.
• Contar con autorización expresa y escrita del empleado.
• Verificar por parte del empleador que la entidad prestadora se encuentre inscrita en el Registro Único Nacional de Entidades Operadores de Libranza.

Cuando el empleado tenga varios créditos de libranza, se procederá con el descuento conforme al orden cronológico en que se adquirieron las obligaciones, siempre que con el pago de estas no se afecte más del 50% del salario del empleado. Si se afecta el 50% del salario, el empleador deberá enviar una comunicación a la entidad prestadora expresando las razones por las cuales no se podrá proceder con el descuento solicitado o porque se procederá con un porcentaje menor al requerido. Lo anterior debido a que la Corte Constitucional ha establecido que el responsable de regular los descuentos del trabajador es el empleador.
Por otro lado, si el empleador incumple las obligaciones antes descritas será responsable solidariamente por el pago de la obligación, y si desconoce la orden de descuento será responsable por los valores dejados de descontar al empleado y por los perjuicios que le sean atribuibles por su descuido.

El reconocimiento de la pensión de vejez constituye justa causa de despido siempre y cuando se haya notificado debidamente de la inclusión del trabajador en la nómina de pensionados correspondiente.

Por regla general, todo costo asumido por el empleador, que implique una remuneración directa del servicio contratado y que resulte ser habitual, puede ser constitutivo de salario. Se excluyen de este, aquellos pagos que no se realicen para el beneficio del trabajador, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Es decir, no constituyen salario conceptos como prestaciones sociales, gastos de representación, medios de transporte o elementos de trabajo.

Otros conceptos como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario, porcentajes sobre ventas y comisiones sí constituyen salario. Por lo tanto, resulta aconsejable analizar cada caso en particular y excluir expresamente esos conceptos del salario pues, de lo contrario, se asumirá que la finalidad de los mismos es enriquecer el patrimonio del trabajador.

El contrato realidad se configura cuando una persona natural celebra con otra persona natural o jurídica un contrato bajo cualquier modalidad diferente al laboral. A partir de este, se evidencia que la relación obedece a un vínculo laboral debido a la presencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo; tales como la subordinación y dependencia continua, prestación de un servicio personal y remuneración. Por ende, aunque formalmente se estipule otro contrato, este surtirá los efectos de un contrato laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas.

Quien reclama el reconocimiento de un vínculo laboral en un proceso judicial debe probar que hubo una prestación de un servicio personal, los extremos de la supuesta relación laboral en cuanto a tiempo, el monto del salario, la jornada laboral, y la causal de terminación del contrato si esta tuvo lugar. En la práctica, el accionante no tendría que mostrar la subordinación.

Asimismo, una situación como la descrita puede tener un impacto negativo pues la terminación de una relación de esta naturaleza, y en la cual el empleador no tenga conciencia de la existencia de un contrato laboral, puede derivar en el pago de indemnizaciones, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y demás acreencias de que trata el régimen laboral colombiano.

Por regla general, la normatividad laboral colombiana no es aplicable para aquellos casos en los cuales el servicio es prestado en el exterior. Con todo, excepcionalmente se aplicará la legislación colombiana si en la relación laboral la dependencia o subordinación es ejercida desde Colombia o, si expresamente se acuerda que la ley aplicable es la colombiana aun cuando la prestación del servicio se ejecute en el exterior.

Los trabajadores independientes que perciban ingresos mensuales, iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, están obligados a cotizar mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral. En tal sentido, el Ingreso Base de Cotización (IBC) de este tipo de trabajadores independientes será el cuarenta por ciento (40%) del valor mensual de cada contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), siempre que el IBC no sea menor al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, ni superior a veinticinco (25) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

Los contratantes, sean públicos, privados o mixtos deberán retener y girar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes con quienes hayan suscrito contrato de prestación de servicios.

En contratos cuya duración sea inferior a un mes, la retención y pago al Sistema de Seguridad Social se realizará por la cantidad de días trabajados, y el IBC no podrá ser inferior a la proporción del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

De igual forma, la nueva normatividad trae consigo la obligación de la empresa de reportar las novedades sobre inicio, suspensión y terminación del respectivo contrato de prestación de servicios, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)

La jurisprudencia establecía que los empleadores debían pagar las cotizaciones en salud hasta el momento del parto, y en algunos casos, la licencia de maternidad, o proceder con el reintegro laboral en caso de despido de colaboradoras en estado de embarazo aun en los casos en los cuales no conocían dicha situación. Sin embargo, mediante jurisprudencia posterior la Corte estimó que dicha obligación contraría los principios y derechos en los que se basa el ordenamiento jurídico colombiano debido a que establecía una carga desproporcionada para el empleador.
Por tanto y de acuerdo con la nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional, si se demuestra que el empleador desconoce el estado de embarazo de la empleada, independientemente si para el despido se aduce justa causa o no, éste no tendrá la obligación de reconocer las cotizaciones requeridas para que la empleada tenga derecho a acceder a la licencia de maternidad, ni pagar la licencia en sí misma, ni reintegrar a la trabajadora como quiera que existen otras medidas que protegen los derechos a la salud y al mínimo vital de las mujeres gestantes.

El contrato de franquicia es aquel en virtud del cual una persona llamada franquiciante concede a otra, denominada franquiciado, el derecho a explotar, producir y comercializar determinados bienes o servicios haciendo uso de su signo distintivo a cambio de una prestación económica.
La importancia de este contrato radica en que el negocio que el franquiciado explotará ya ha sido desarrollado con éxito en el mercado, es decir, se reduce en gran medida el riesgo de empezar un negocio desde cero.

Cuando se elabora un contrato de franquicia es importante tener presente que el mismo debe contener por lo menos los siguientes elementos:
• Licencia de marcas: mediante la cual el franquiciante autoriza al franquiciado a explotar y utilizar determinados signos distintivos.
• Transferencia de conocimiento: el franquiciante se obliga a transmitir todos los conocimientos relacionados con el modelo de negocio, las técnicas y estrategias que deben aplicarse en el mismo.
• Regalías: hace referencia al valor periódico que debe cancelar el franquiciado al franquiciante.
• Confidencialidad: en el marco del presente contrato el franquiciado recibe conocimientos con el carácter de secretos empresariales, los cuales está obligado a no revelarlos a terceros.

Actualmente el contrato de franquicia en Colombia es un acto jurídico atípico, esto significa que no está regulado por una ley o código o particular, esto trae como consecuencia que las cláusulas incorporadas en el contrato son negociadas libremente por las partes.
Sin embargo, debe precisarse que lo anterior no significa que este acto se encuentre desprovisto de normatividad aplicable, pues este debe someterse al Código Civil y de Comercio, donde están consagrados la normatividad general aplicable a todos los contratos y las obligaciones derivadas de estos.

En el contrato de encargo fiduciario se pretende que la sociedad fiduciaria, sin constituir un patrimonio autónomo y sin convertirse en titular de los derechos de propiedad sobre los activos y derechos movilizados, reciba dichos bienes con el objetivo de cumplir una finalidad señalada por su cliente (fideicomitente). Cumplido el mandato restituirá a su cliente (o a un tercero) la tenencia de los bienes o derechos.

Por otro lado, cuando se habla de contrato de fiducia mercantil se genera una verdadera transferencia de derechos desde el fideicomitente y hacia la sociedad fiduciaria quien con tales activos constituye un patrimonio autónomo separado de su propio patrimonio. Le corresponderá a la sociedad fiduciaria ser depositaria y propietaria de dichos derechos hasta tanto cumpla con la misión encomendada momento en el cual transferirá dicha propiedad a los beneficiarios indicados por el fideicomitente en el contrato de fiducia mercantil.

Es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Los bienes que conforman el patrimonio autónomo no forman parte de la prenda general de los acreedores del fiduciario.

La Ley 1480 de 2011 a definido como consumidor o usuario a “…toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica…”
En tal sentido, la noción de consumidor es aplicable para quienes acuden al mercado con la simple expectativa de efectuar relaciones de consumo; se incluyen entonces tanto a los consumidores reales como a los potenciales. No se necesita un acto de compra.

Es un vínculo jurídico realizado entre una parte que, estando expuesta a la oferta, adquiere bienes o servicios de cualquier de los intervinientes en una cadena de comercialización, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica.

Según el estatuto del consumidor, Ley 1480 de 2011, se tienen como derechos generales de los consumidores y usuarios los siguientes:
• Recibir productos de calidad.
• Seguridad e indemnidad, es decir, que los productos no causen daño en condiciones normales de uso.
• Recibir información completa, veraz, oportuna e idónea sobre el producto y sobre sus riesgos.
• Protección contra la publicidad engañosa.
• Reclamación directa ante el productos, proveedor o prestador y obtención de la correspondiente reparación integral por los daños sufridos.
• Protección contractual, lo cual hace alusión a las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.
• Elección libre de los bienes y servicios que requiera el consumidor.
• Participación, organización y asociación, con el fin de proteger sus derechos, elegir representantes, y ser oídos por quienes cumplen funciones públicas.
• Representación en las reclamaciones sobre consumo de bienes y servicios.
• Informar a los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas sobre el ejercicio de los derechos de los consumidores.
• Educación sobre los derechos de los consumidores, las formas de hacerlos efectivos y demás materias relacionadas.
• Igualdad, es decir, ser tratados equitativamente y de manera no discriminatoria.

Eliminar totalmente el riesgo de enfrentar una reclamación o investigación es tarea imposible, pero actuar de forma preventiva permite alcanzar ciertos estándares que minimizan las posibles eventualidades.
Tales eventualidades, generalmente se materializan en sanciones como:
• Multas económicas de hasta dos mil (2.000) smlmv.
• Cierres temporales o definitivos de los establecimientos de comercio.
• Limitaciones a la actividad comercial, como la prohibición de producción, distribución u ofrecimiento del producto o servicio al público, de forma temporal o definitiva.

El local comercial es el espacio físico del establecimiento de comercio, esto es, el asiento donde se desarrolla la actividad comercial de la empresa, y este puede ser de propiedad de la compañía o puede tenerlo a título de mera tenencia o de arrendamiento.

Se hace evidente que una compañía que acredita sus productos o servicios atrae una clientela, la cual se orienta por el lugar donde se encuentra, lo cual tiene gran influencia en la productividad.

Cuando un empresario, a título de arrendamiento, ha ocupado durante más de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tiene derecho a la renovación del contrato cuando vence, y esto ocurrirá salvo que:
• El arrendatario haya incumplido el contrato.
• El propietario necesite el inmueble para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario.
• El inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega del inmueble o cuando deba ser demolido por su estado de ruina o para la construcción de una nueva obra.

Este hace alusión a que el arrendatario tiene derecho a que se le prefiera, en igualdad de condiciones, a cualquier otra persona que pretenda el arriendo de aquellos locales comerciales que fueron reparados, reconstruidos o edificados por el arrendador, sin que le pueda exigir el pago de primas comerciales o valores diferentes al canon de arrendamiento.
Para ejercer este derecho, se debe informar al comerciante con sesenta (60) días de anticipación a la fecha en que se puedan entregar los nuevos locales de tal situación; a su vez, el comerciante dispone de treinta días para decidir si ejerce o no el derecho de preferencia para el arrendamiento de ese local comercial.

El desahucio es un aviso mediante el cual el arrendador informa su intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento, con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que este se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial.

Este derecho también opera cuando el propietario requiera el inmueble para su habitación o para un establecimiento suyo dedicado a una empresa sustancialmente distinta a la que tuviere el arrendatario y cuando el inmueble deba ser reconstruido, reparado, demolido por su estado de ruina o para la construcción de una nueva obra.

La propina se define común reconocimiento voluntario y en dinero que el consumidor otorga a las personas que hacen parte de la cadena de servicios en los establecimientos de comercio dedicados a la prestación de servicio de consumo de alimentos, bebidas y/o espectáculos públicos, y en general a cualquier otro en que se sugiera el pago de propina o haya lugar a ella cuando el cliente así lo determine.

Si bien la propina puede ser sugerida por el establecimiento de comercio, su aceptación siempre dependerá de la voluntad del consumidor quien está facultado para no pagarla, o de modificar su cuantía la cual, cuando es sugerida, nunca podrá superar el 10% del valor del servicio prestado. Por lo anterior resulta obligatorio que quien atiende, pregunte de forma previa a la expedición de la factura, si el consumidor desea incluir el valor de la propina en la factura, así como el valor que quiere pagar por dicho concepto.

Los ingresos que por concepto de propinas reciban los trabajadores de los establecimientos de que trata esta ley no constituyen salario y, por consiguiente, en ningún caso se podrán considerar como factor salarial.

Los actos de competencia desleal en Colombia son aquellos que se realicen en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. Estos son aquellos que impliquen desviación de la clientela, engaño, comparación, imitación, violación de secretos, pactos desleales de exclusividad etc.

Las acciones que puede interponer quien se viere afectado por un acto de competencia desleal de un tercero, puede solicitar que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante.

Adicionalmente el afectado podrá solicitar al juez que decrete las medidas preventivas necesarias para el cese de efectos negativos producidos por el acto de competencia desleal y se podrá solicitar eventualmente una reparación económica, a través de la pretensión de indemnización de perjuicios.

Un acuerdo de confidencialidad es todo aquel contrato mediante el cual una parte (parte receptora) se compromete a guardar absoluta reserva respecto de la información de carácter confidencial que la otra parte (parte transmisora) le brinde, usualmente en relación con el desarrollo de una relación comercial entre ambas. Como medida para garantizar dicho compromiso usualmente se impone a carga de la parte receptora una sanción por no cumplir con lo establecido en dicho acuerdo.

Esta información se puede clasificar en Información técnica: Como lo sería la descripción detallada de un método específico de fabricación de un producto; información comercial: Como lo puede ser una lista de nombres y direcciones de clientes; información interna de la compañía: Esta información tiene una particularidad y es que considerada de manera aislada no representa un valor para la compañía, pero, si dicha información llegase a manos de un competidor, podría ser de valor para este. Por ejemplo, la situación financiera de la empresa.

En Colombia, no existe una reglamentación expresa en relación con el acuerdo de confidencialidad como tal, así como tampoco existe una lista taxativa de qué tipo de información puede ser considerada como de carácter confidencial. No obstante, encontramos que en el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que forma parte del ordenamiento jurídico colombiano, brinda lineamientos que pueden servir para establecer cuándo proteger cierto tipo de información de la compañía como secreto empresarial:
Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: Secreta, tenga un valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

El tipo de acuerdo de confidencialidad depende de quién sea la contraparte del contrato. Así las cosas, los Acuerdos Compañía – Compañía son aquellos que surgen usualmente debido a la necesidad de compartir cierto tipo de información confidencial entre dos compañías en virtud del desarrollo de una relación comercial. Ahora bien, los Acuerdos Compañía – Empleado se presentan en virtud del desarrollo de la relación laboral que las compañías tienen con sus empleados, y surge debido a la necesidad que tiene la compañía de compartir información confidencial con algunos de sus empleados. Este acuerdo se puede materializar como un contrato de confidencialidad independiente o como una cláusula de confidencialidad inmersa en el contrato laboral.

De acuerdo con la normatividad civil, quien ocasione un daño o perjuicio a causa de la divulgación de un secreto empresarial deberá indemnizar a la parte afectada. Adicionalmente, la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, incurrirá en un acto de competencia desleal. En este sentido, podrá ser sujeto de las acciones de competencia desleal tales como la acción declarativa y de condena y acción preventiva y de prohibición.

El incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad, es decir, aquellos casos en los cuales el trabajador divulga información confidencial de la compañía tienen como consecuencia la configuración de justa causa de despido y la pérdida del derecho al pago de las cesantías cuando el contrato termina por ésta vía.

En la legislación colombiana está consagrado como un delito con pena privativa de la libertad la divulgación indebida de cualquier tipo información confidencial, que haya estado protegida o no por un contrato de confidencialidad como tal, bajo el tipo penal de utilización indebida de información privilegiada. Asimismo, se consagró como delito con pena privativa de la libertad, la indebida divulgación de cierta información técnica y comercial, bajo el tipo penal de violación de reserva industrial o comercial para aquellos que divulguen este tipo de información que ha sido allegada en razón de un cargo u oficio y que deba permanecer en reserva.

Resulta pertinente, con la finalidad de poder tener un mayor control y evitar una eventual fuga de la información, que antes de firmar un acuerdo de este tipo la compañía entre a determinar qué tipo de información es realmente confidencial para la compañía. (En los casos en que se actúe como parte transmisora; quiénes tienen acceso a dicha información y cómo se comparte dicha información
Asimismo, es importante tener en cuenta que en un acuerdo de confidencialidad solo se vinculan a sus términos y sanciones las partes firmantes del mismo. En tal sentido ante un incumplimiento en los acuerdos de confidencialidad, solo se podrá hacer exigible una sanción contractual a la otra parte contratante pero la misma no se le podrá exigir a un tercero receptor de dicha información. Por ende, una vez incumplido el acuerdo de confidencialidad, la información divulgada pierde, de manera irreversible, su carácter de secreta y en tal sentido podrá ser usada libremente por cualquier otra compañía.

El objeto del contrato de agencia comercial es la promoción o explotación de negocios de un tercero en calidad de representante, agente, fabricante o distribuidor con o sin mandato, es decir, el agente puede o no tener autorización para cerrar negocios.
En tal sentido, resulta preciso afirmar que los clientes conseguidos en virtud de la promoción y explotación de los negocios hechos por el agente no le pertenecen a este sino al agenciado, puesto que el rol del agente consiste principalmente en servir de enlace entre cliente y agenciado. Así las cosas, el agente comercial, es el comerciante cuya industria consiste en la gestión de los intereses de otro comerciante, al cual está ligado por una relación contractual duradera y en cuya representación actúa, celebrando contratos o preparando su conclusión a nombre suyo.

El contrato de agencia comercial, en primer lugar, tiene como objeto promover o explotar negocios del agenciado. Asimismo, el agente actúa por cuenta del agenciado, es decir, que los efectos económicos de esa gestión repercutan directamente en el patrimonio del agenciado. Debe haber independencia y autonomía del agente. y que el contrato tenga un ánimo de estabilidad o permanencia. Por último, que el compromiso deba cumplirse en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional.
Debemos señalar que en los contratos de agencia comercial prima la realidad; por tanto, sin importar cual se la denominación que le den las partes a un acuerdo de voluntades bien sea escrito o verbal, si se materializan los elementos ya mencionados estaremos frente a un contrato de agencia comercial.

El contrato de distribución se caracteriza porque la relación del distribuidor con el comerciante se basa en la mera compra para la reventa de productos de un tercero. Asimismo, en este tipo de negocios es únicamente el distribuidor quien asume el éxito o pérdida del negocio; este no conlleva necesariamente una vocación de permanencia a diferencia del contrato de agencia que, por regla general, se establece una duración prolongada en el tiempo ya que esto se requiere para poder llevar a cabo efectivamente la promoción o explotación de negocios ajenos en un mercado desconocido para este último.

Una garantía legal es aquella en la cual se encuentran obligados todos los productores o proveedores sin perjuicio de que estos puedan incrementar esta garantía legal ofreciendo una cobertura más amplia en la garantía de sus productos de forma voluntaria.
Dentro de la garantía legal se incluyen, en virtud de lo dispuesto la Ley 1480 de 2011 aspectos tales como reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte y el suministro oportuno de los repuestos. De igual manera el proveedor o productor se encuentra en la obligación de contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra capacitada, aun después de vencida la garantía, por el término establecido por la autoridad competente, y a falta de este, el anunciado por el productor.

La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad encargada de imponer sanciones frente al incumplimiento de una garantía, con las siguientes sanciones:
1. Multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre del establecimiento de comercio hasta por 180 días.
3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en Internet o del medio de comercio electrónico utilizado.
4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados productos.
5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y seguridad de los consumidores.
6. por inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El derecho a la educación comprende el acceso y la permanencia en el sistema educativo, limitados al incumplimiento de los deberes académicos y disciplinarios, entre otros, así la Corte a determinado que desde el punto de vista académico el educando tiene derecho a recibir normalmente las clases, exigir educación de calidad y un medio apto para su formación.
Sin embargo, de la misma forma, la Corte ha señalado que es posible excluir al estudiante del sistema educativo con base en situaciones de naturaleza académica, disciplinaria o por razones objetivas que deben analizarse según lo previsto en el manual de convivencia de la institución. Por lo anterior, la educación no es solo un beneficio para el estudiante si no también una responsabilidad, esto implica que la institución educativa debe prestar una educación de calidad, cumplir con las obligaciones académicas y definir con claridad las normas que regularán sus relaciones, y el estudiante debe colaborar activamente con su proceso de formación y acatar los deberes y obligaciones definidos autónomamente por las instituciones educativas, estando estas sujetas a la Constitución y a la Ley. De esta misma forma, los padres o acudientes deben respetar las disposiciones fijadas por los Colegios.

La jurisprudencia estipula que prima el derecho a la educación sobre el derecho a la autonomía de las instituciones educativas siempre que se demuestre la imposibilidad real de pago y se acredite la intención de cumplir las obligaciones económicas.
Así mismo la ley 1650 de 2013 prohíbe expresamente la retención de títulos, y pese al incumplimiento de las obligaciones económicas, procederá la entrega de los mismos al estudiante siempre que:
a) Que el incumplimiento de las obligaciones económicas se presentó como consecuencia de un hecho sobreviniente, constitutivo de justa causa
b) Que el estudiante, sus padres y acudientes tienen voluntad real de pagar las obligaciones adquiridas

Los procesos disciplinarios deben garantizar el debido proceso y, por tanto, el ejercicio del derecho de defensa.
Los manuales de convivencia y por ende los procesos disciplinarios deben agotar, por lo menos, las siguientes etapas:
1. Comunicación de la apertura del proceso al estudiante.
2. Formulación de los cargos imputados, describiendo las conductas, faltas disciplinarias y calificación provisional de las conductas.
3. Compartir con el estudiante todas las pruebas que fundamentan la imputación.
4. Indicar un término dentro del cual el estudiante podrá formular descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesario.
5. Pronunciamiento definitivo de la autoridad competente mediante acto motivado.
6. Imposición de una sanción proporcional a los hechos.
7. Posibilidad de que pueda controvertir mediante recursos.
Así mismo, se evalúan otros elementos como la edad del estudiante, su grado de madurez psicológica, el contexto de los hechos, las condiciones personales y familiares del estudiante, la existencia o no de medidas preventivas por parte del Colegio, los efectos prácticos que la sanción conlleva al estudiante para su futuro educativo, y la obligación del Estado de garantizar la permanencia del menor en el sistema educativo.

Habeas Data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Este derecho otorga a la persona a la cual se refieren los datos, la facultad para autorizar su conservación, uso y circulación.

Cualquier tipo de información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Es decir, estos deben estar referidos a aspectos exclusivos y propios de una persona natural que permitan identificarla.

Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida cómo y en qué forma darle tratamiento a los Datos Personales.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable de Tratamiento.

Los datos personales pueden ser de carácter público o privado, semiprivado y sensible.

La clasificación de los datos personales en público, privado, semiprivado y sensible es importante debido a que el tipo de dato es determinante de su grado de protección. En primer lugar, los datos íntimos o privados son aquellos que interesan única y exclusivamente a la persona sobre la cual recae la información. Estos solo pueden ser obtenidos con el consentimiento del titular, por orden de autoridad judicial, para salvaguardar la vida de la persona o cuando tengan una finalidad histórica o científica. Entre estos se encuentran los datos sensibles, que son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, etc.
Ahora bien, los datos semiprivados son aquellos que solo le interesan al titular y a un grupo determinado de personas, los cuales pueden ser consultados por estos mediante autorización. Por último, los datos públicos son aquellos que conciernen a un interés general, como documentos públicos o sentencias judiciales y pueden ser obtenidos por cualquier persona.

Los datos personales de niños, niñas y adolescentes y de datos sensibles deben contar con un tratamiento especial. Los primeros solo podrán ser objeto de tratamiento cuando su finalidad responda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes y se asegure el respeto de derechos fundamentales de estos. Asimismo, los datos sensibles, solo podrán ser recolectados siempre y cuando se informe al titular que no está obligado a dar la autorización, se obtenga autorización expresa y se informe explícitamente cuáles de los datos serán objeto de Tratamiento y cuál es su finalidad.

Quienes sean considerados como responsables del tratamiento de datos personales, están obligados principalmente a garantizar el derecho de habeas data; a informar la finalidad de la recolección de datos; a solicitar y conservar la autorización; a garantizar que la información recolectada sea veraz, exacta y actualizada; a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio todo riesgo en la administración de la información; a disponer avisos de privacidad que den a conocer la Políticas de tratamiento de la información; a conservar los datos en óptimas condiciones de seguridad y a adoptar procedimientos que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas. Y, por último, implementar un programa integral de gestión de datos personales.

La autorización es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Es decir, siempre que los datos personales sean objeto de Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.

La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; datos de naturaleza pública; casos de urgencia médica o sanitaria; tratamiento de información autorizada por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; y, por último, datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Los sujetos responsables del tratamiento de datos personales pueden obtener la autorización por cualquier medio siempre y cuando el mecanismo adoptado garantice su consulta posterior. Se entiende que esta se ha obtenido correctamente cuando se manifieste por escrito, de forma oral o mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización.

Los responsables del tratamiento deberán adaptar políticas para el Tratamiento de los datos personales y velar porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. Estas deberán constar en medio físico o electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares.

Dichas políticas deberán incluir, por lo menos, el nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable; tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando ésta no se haya informado mediante el Aviso de Privacidad; derechos del titular de la información; persona responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos; el procedimiento para que los Titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización; y, por último, la fecha de entrada en vigencia de la política de Tratamiento de la información y período de vigencia de la base de datos.

El aviso de Privacidad es aquella comunicación verbal o escrita generada por el responsable, del tratamiento de datos personales, mediante la cual se le informa al titular de la información acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales cuando no haya sido posible poner a disposición del titular en un primer momento las Políticas de Tratamiento de la Información.

Este aviso debe contener, como mínimo, la identificación del responsable del tratamiento de los datos; el Tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo; los derechos del titular; los mecanismos dispuestos por el responsable para que el titular conozca la política de Tratamiento de la información. En todos los casos, debe informar al Titular cómo acceder o consultar la política de Tratamiento de información.

Todos los responsables del tratamiento deben demostrar la implementación de medidas apropiadas y efectivas para cumplir con sus deberes legales en proporción con: la naturaleza jurídica del responsable y su tamaño empresarial; la naturaleza de los datos personales objeto del tratamiento; el tipo de tratamiento y los riesgos potenciales que puede causar el tratamiento. En caso de ser requeridos por la Superintendencia de Industria y Comercio, deben demostrar que se adoptaron procedimientos, finalidades de uso y medidas de seguridad apropiadas.

Las políticas implementadas deben ser proporcionales, en primer lugar, a la estructura y tamaño empresarial del responsable para la adopción e implementación de políticas consistentes con la Ley 1581 de 2012; en segundo lugar, la adopción de mecanismos internos para poner en prácticas estas políticas incluyendo herramientas de implementación, entrenamiento y programas de educación; por último, la adopción de procesos para la atención y respuesta a consultas, peticiones y reclamos.
Es importante tener en cuenta que la verificación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la existencia de medidas y políticas específicas para el manejo adecuado de datos personales que administra un responsable será tenida en cuenta al momento de evaluar la imposición de sanciones.