Rescate a empresas mediante participación del Estado

PUBLICACION - BOGOTÁ -> 2020-07-08

Decreto 811 de 2020 que establece las medidas de inversión y enajenación de la participación accionaría del Estado, con el fin de apoyar a las empresas afectadas por la pandemia. Análisis por Hugo González.




El Gobierno expidió el Decreto 811 de 2020, a través del cual se establecieron una serie de medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaría del Estado, con el fin de apoyar a las empresas frente a las consecuencias económicas de la pandemia causada por el COVID-19.

Esta disposición va de la mano del Decreto 444 de 2020, en donde el Gobierno de antemano quedó facultado para hacer una “inversión”, como la compra de acciones, para favorecer el financiamiento a empresas privadas y mixtas que “desarrollen actividades de interés nacional”.

Ninguno de los decretos establece los criterios habilitantes para ser elegible, sin embargo, de la lectura, se entiende que estaría dirigido a empresas privadas y mixtas que están en alto riesgo de insolvencia, así como aquellas que presten actividades de interés nacional.

El propósito entonces es establecer una serie de reglas para que el Estado invierta en sociedades con el objetivo de estabilizar su situación y posteriormente disponer de dicha inversión. En efecto, se trataría de una circunstancia temporal y excepcional, por lo que bajo este supuesto el Decreto indicó que no es equivalente a la privatización de las empresas públicas regulado en la Ley 226 de 1995, por lo que las compañías que hagan parte de este rescate siguen conservando su naturaleza privada.

Las principales reglas que trae este decreto son:

  • Debe hacerse un programa de enajenación donde el Estado puede exigir que se establezca un plazo determinado para la venta de las acciones.
  • Las sociedades en las que la Nación adquiera participación continuaran siendo responsables de sus obligaciones laborales, pensionales o de cualquier otra naturaleza.
  • Si se trata de una empresa que presta un servicio de interés público, se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
 

Por Adriana Galeano, Abogada Asociada del Departamento de Negocios


Contenido relacionado: